Cuando un país se encuentra en una espiral inflacionaria como la que actualmente vemos en Venezuela, la constante subida de los precios se convierte en algo más que un indicador, un número sobre el papel, y pasa a ser un hecho efectivo que afecta directamente nuestro poder adquisitivo haciendo para el ciudadano común cada día mas difícil adquirir los insumos de la canasta básica. Existen muchas medidas que puede tomar un gobierno para contrarrestar este fenómeno, pero muy pocas suelen ser efectivas.
El Gobierno del presidente Chávez ha decidido reafianzar su sistema de control de precios como medida para intentar detener el constante y sostenido aumento de estos. El problema está en que esta estrategia ya ha sido aplicada en muchas ocasiones alrededor del mundo, en infinidad de países tanto subdesarrollados como desarrollados, incluyendo a los Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon, con resultados siempre negativos.
Si nos sentamos a analizar el efecto dominó que significa controlar los precios de artículos de la canasta básica, en este caso ilustrativo veremos el de la carne, nos podemos dar cuenta de que el Venezolano de a pié al primer momento se ve beneficiado. Pero el problema está en que los costos de producción también han subido como consecuencia de la inflación acumulada anteriormente, y a la hora de comprar la pieza al matadero, realizar los cortes y desechar huesos y grasa, el carnicero no puede vender al precio regulado porque le dejaría pérdidas. En estos casos, los pequeños comerciantes, los dueños de las carnicerías en los pueblos y pequeñas ciudades, que se dedican exclusivamente a esto, no pueden afrontar estas pérdidas y terminan bajando la santamaría. En cambio las grandes cadenas de supermercados, los Unicasa, Central Madeirense, Excelsior Gama, Sigo y demás grandes compañías, pueden afrontar esta regulación asumiendo la pérdida que les puede dejar la venta de la carne regulada, adoptando una política de compensación: aumentar los precios de los productos no regulados.
Como resultado, tenemos más desempleo, por los pequeños comerciantes que han quebrado, una menor oferta, y no se ha logrado detener a la inflación, que no ha hecho más que aumentar como consecuencia de la política de compensación de las grandes cadenas. Ante la pérdida de poder adquisitivo del venezolano promedio, se hace necesario un nuevo aumento de salarios, lo que hace que aumente la liquidez de nuevo, haciéndonos caer de nuevo en la mencionada espiral inflacionaria, de la cual no se puede salir de esa manera. En este caso siempre van a perder los pequeños comerciantes y los consumidores, pero no las grandes compañías. Esta regulación de precios existe desde el año 2003, y 4 años después podemos decir con toda propiedad que ha sido un rotundo fracaso.
Ante este oscuro panorama, puede existir una posibilidad: cambiar del sistema de precios controlados al de precios "concentrados". En el caso de los precios concertados son los empresarios los que acuerdan con el gobierno fijar un tope al precio del producto en cuestión, de manera voluntaria. Es decir, un pacto de caballeros, a diferencia de la regulación de precios donde el gobierno no sólo fija de manera unilateral un precio, sino que incluso aplica un subsidio a alguna o varias partes de la cadena de producción. La cuestión está en tener la voluntad de llegar a un acuerdo entre ambas partes.
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